Américo Fernández
Ciudad Bolívar

El productor agropecuario Franklin Brito fue confinado hasta la estocada final en el Hospital Militar de Caracas, contra su voluntad, tras una lucha de más de seis (6) años y de ocho (8) huelgas de hambre, en protesta por el despojo arbitrario de su fundo agrícola ordenado por el gobierno, en flagrante violación al derecho a la propiedad consagrado en los artículos 112  y 115 de la Constitución Nacional.

Brito, nacido en Irapa hace 50 años, fue al sacrificio en aras de los derechos y la dignidad de la persona. Trabajaba en Guarataro, a 200 kilómetro oeste de Ciudad Bolívar, como profesor de Biología al igual que su esposa y en una pequeña finca fomentada desde 1994 en las feraces tierras del Caura.

Toda iba muy bien hasta que el 2001 vino la plaga que acabó con todo, con él, su familia y la producción de ñame de la región. Ese año los cultivos fueron atacados por una plaga que llevó al pueblo a la ruina. Brito se dedicó a investigar hasta que, con apoyo institucional, logró identificar al hongo causante de la desgracia. Propuso un proyecto de utilización de semillas de una variedad resistente que se enfrentó a la propuesta del alcalde Juan Carlos Figarella, de atacar el problema con químicos que sería financiada con 800 millones aportados por la CVG. Los organismos que estudiaron el caso avalaron los argumentos de Brito, la CVG retiró su apoyo y en este punto comenzó su desgracia.

Fue despedido del instituto agrícola municipal donde trabajaba como asesor, les suspendieron los sueldos que tenían él y su esposa como educadores y los despidieron. El 28 de mayo de 2003 encontró que el paso a su fundo estaba cerrado y sólo tiempo después se enteró que una carta agraria entregada a sus vecinos Rafael D’ Amico y Concepción Antoima vulneraba sus derechos y su propiedad. Entonces Brito solicitó que el Inti hiciera los procedimientos para demostrar en firme si las cartas agrarias afectaron o no parte de sus tierras, si hubo invasión o no, si reconocen sus terrenos o no y que la Fiscalía investigue la decisión del TSJ que le negó el amparo.

El Inti y otros entes jurisdiccionales virtualmente no actuaron con justicia y provocó que Franklin Brito fuera a Caracas el 24 de noviembre de 2004, a presionar desde la Plaza Miranda una solución al problema, utilizando el recurso extremo de la huelga de hambre: “Aquí estaré porque esto es una cuestión de justicia y dignidad”.

De allí salió el 3 de diciembre con el compromiso de una comisión enviada desde Miraflores. El 7 de julio de 2005, cansado de esperar el cumplimiento de esas promesas, volvió a la plaza caraqueña pero con actitud más radical: se cosió la boca para reafirmar su intención. Pero pasó el tiempo y nada. Así que el 10 de noviembre, en un acto de enorme impacto, decidió amputarse el dedo meñique de la mano izquierda ante las cámaras de televisión y amenazó con cortarse un dedo cada semana hasta que el presidente Chávez diera la orden de investigar sus reclamos.

Dada esta situación, el Ministerio de Educación reconoció la deuda laboral y el Inti la propiedad de su fundo La Iguaraya y se comprometió a pagarle los daños a sus cultivos (lo hicieron pero a través del despacho del Ministerio de Interiores, con 70 millones en efectivo y sin constancia) y a desalojar al ocupante de sus tierras. Esto último, no se cumplió.

Y volvió a la huelga el 24 de noviembre de 2006. De la plaza salió el 13 de diciembre luego de formalizar un acuerdo que por no haberse cumplido provocó que fuera por quinta vez a la huelga. Al final fueron ocho hasta que el gobierno lo declaró loco y confinó en un Hospital Militar donde murió extenuado por el hambre que le impusieron sus convicciones y dignidad de venezolano integral.